Spanish English French German Italian Portuguese Russian


kostenlose homepageuhren relojes blogs
Actualidad en Noticias
.

Prisión preventiva. Constitución y convencionalidad

 

La academia y la opinión pública quedaron en suspenso al haberse retirado por los ministros Luis María Aguilar Norma Piña los proyectos para resolver una acción de inconstitucionalidad y un amparo en revisión que versan sobre la prisión preventiva oficiosa, en búsqueda de: “una solución más compartida”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que re­solver la aplicación por parte de los jueces penales la prisión preventiva oficiosa de forma automática, ya que incumple con los derechos humanos, la libertad personal, la presun­ción de inocencia de los imputados y la proporcionalidad de las penas.

Los puntos de vista de algunos de los ministros de nues­tro Tribunal Constitucional fueron doctos, interesantes y di­versos. En mi criterio dejaron claro que en el fondo sí hay un consenso mayoritario: la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos.

Otro punto de aceptación y coincidencia de criterios fue el relativo al rechazo de la idea de inaplicabilidad de la Constitución. No se discute la facultad de la Corte de poder interpretar el texto constitucional, pero su interpretación —de ninguna manera— puede verse como una posibilidad de derrocarla o de restarle su validez.

La ministra Margarita Ríos-Farjat sostuvo que la Cons­titución es un coto vedado aún para los jueces constitucio­nales. Dijo: “Somos un poder constituido por ésta, no su constituyente” y que, de no respetarse, se instauraría de facto un gobierno de jueces y ello representaría un punto de no retorno en la historia constitucional de México, del que jamás se podría volver.

Pero se convino en que, si bien la Corte no tiene atribu­ciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, sí de interpretarla de la forma más favorable y funcional. También hubo coincidencia en que la Corte debe reconocer el incumplimiento de las obligaciones convencionales por parte del Estado mexicano y evidenciar la urgencia para que el poder constituyente permanente actúe para ajustar el ámbito constitucional interno.

Respecto al tema concreto, el ministro Juan Luis González Alcántara dijo que la prisión preventiva auto­mática se trata —sin duda alguna— de la medida más severa a la que puede ser sometido un imputado. Recalcó que la prisión preventiva “automática” —basada únicamente en consideraciones genéricas, como el tipo penal, su punibi­lidad o la identidad del autor— resulta violatoria de los de­rechos fundamentales del procesado.

Comentó que la correcta interpretación de la prisión ofi­ciosa no debe significar que sea “automática” y que siem­pre tendrá que motivarse y probarse, además de fundarse, como es obligatorio en todos los actos de autoridad que sean privativos o de molestia, tal como lo ordena la propia Constitución.

El vocablo “oficioso” debe referirse a las actuaciones que realiza la autoridad sin petición de parte, es decir, la oficio­sidad es una excepción al principio de contradicción, pero no al principio de fundamentación y motivación.

Este debate constitucional pospuesto se produjo en la víspera de una próxima sentencia de la Corte Interamerica­na sobre este mismo tema, que, de manera muy previsible, habrá de condenar al Estado mexicano por el uso abusivo de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ojalá y la Su­prema Corte lo resolviera antes.

Como Corolario, la frase del jurista argentino Garzón Valdés, que fue invocada por la ministra Norma Piña: “El otorgamiento y respeto de los derechos humanos no es un acto de benevolencia por parte de quienes detentan el po­der, sino una exigencia básica en toda sociedad que pre­tenda ser decente; por ello, la concesión de estos derechos no se suplica, sino que se exige”.

Autor: Dr. Raúl Contreras Bustamante

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México (UNAM MEXICO)

Fuente: https://www.excelsior.com.mx

Actualidad en noticias